La minería ilegal en Perú habría movilizado más de US$ 11,500 millones en 2025, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).
La minería ilegal volvió a marcar un récord en el Perú en 2025, al alcanzar la exportación de más de 104 toneladas de oro de origen ilícito, de acuerdo con estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE). El volumen representa prácticamente la mitad de las 208 toneladas totales que salieron por aduanas durante el año.
Carlos Gallardo, gerente general del IPE, explicó que la cifra surge de comparar el oro exportado con el reportado como producción ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Mientras 208 toneladas fueron exportadas, solo 104 toneladas fueron declaradas formalmente como producción, lo que evidenciaría un significativo blanqueo de mineral en la cadena de comercialización.
El ejecutivo sostuvo que la minería ilegal habría movilizado más de US$ 11,500 millones en 2025, cifra 50% superior a la registrada en 2024. Según indicó, esta actividad ilícita genera el doble de recursos que economías criminales como el narcotráfico, la trata de personas, la tala ilegal y la extorsión.
El crecimiento del oro ilícito exportado marca la primera vez que el volumen supera las 100 toneladas anuales, consolidando a la extracción ilegal como uno de los principales desafíos estructurales del sector minero peruano.
Además, el IPE alertó sobre distorsiones en la estructura productiva formal. Siete de los 25 mayores productores de oro operan bajo el régimen de pequeño productor minero, pese a registrar volúmenes comparables con empresas del régimen general.
Trazabilidad y brechas en la cadena del oro
Gallardo precisó que al menos tres de estas siete empresas producen más de una tonelada anual. Cuatro operan en Arequipa, dos en Ayacucho y una en Barranca, al norte de Lima. Esta situación plantea interrogantes sobre la fiscalización y la clasificación empresarial en el sector.
En materia de trazabilidad, el IPE explicó que el oro puede ser extraído en zonas donde la actividad minera no está permitida, trasladado posteriormente a plantas procesadoras que verifican documentación y, finalmente, mezclado con mineral de procedencia no determinada, dificultando la identificación del origen real.
Este mecanismo facilita la inserción del oro ilegal en los circuitos formales de exportación, debilitando los controles y afectando la transparencia del mercado aurífero nacional.
Reinfo y expansión de plantas procesadoras
El avance de la minería ilegal ocurre en un contexto en el que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) continuará vigente hasta fines de 2026. Desde 2016, apenas el 2% de los casi 90 mil inscritos ha logrado formalizarse, reflejando las limitaciones del proceso.
El gerente general del IPE advirtió que en 2025 se creaban, en promedio, tres nuevas empresas procesadoras por día. En lo que va de 2026, el ritmo se habría duplicado a aproximadamente seis diarias, lo que podría ampliar las brechas de supervisión.
De mantenerse esta tendencia, la minería ilegal continuará impactando la recaudación fiscal, la competitividad del sector formal y la reputación internacional del oro peruano, en un escenario donde la trazabilidad y el control del comercio exterior resultan claves para la sostenibilidad de la industria.
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