Un problema urgente que debe resolver el próximo gobierno
La minería ilegal en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, es una economía criminal altamente organizada que gira en torno al oro y que somete a la provincia y al Estado. Esto se explica por el aumento extraordinario del precio del mineral —que en 2026 se mantiene alrededor de los US$ 5,000 por onza y ha llegado incluso cerca de los 6,000—, pues dispara la rentabilidad de estas operaciones y amplía el espacio de la minería ilegal que se caracteriza por desarrollar la industria en zonas reservas y parques nacionales y violando las concesiones formales de minería. En otras palabras, violando el derecho de propiedad en el Perú y los principios establecidos en la Constitución, la ley nacional y los convenios internacionales.
En Pataz esta dinámica criminal se ha refinado con los años. Los grupos criminales abren socavones en terrenos colindantes a las concesiones formales y, mediante túneles clandestinos, se conectan con las galerías autorizadas de las empresas formales. Desde esos puntos extraen el mineral ilegal que trasladan en, según investigaciones periodísticas, en volquetes cargados con hasta 30 toneladas de mineral. Se calcula que anualmente se movilizan alrededor de 12,000 volquetes. Sumado a esto, el procesado del mineral se realiza en plantas clandestinas, que operan con mercurio y cianuro en instalaciones sin estándares ambientales.
Para la población de Pataz el costo aún es más dramático. Solo en 2025, Pataz registró 52 homicidios vinculados a la criminalidad asociada a la minería ilegal, una cifra superior a la del año anterior, pese a que la provincia permanecía bajo estado de emergencia y contaba con el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El episodio más grave ocurrió en mayo del 2025, cuando trece trabajadores vinculados a Minera Poderosa fueron secuestrados y posteriormente asesinados, un crimen que puso en evidencia el alto nivel de organización, violencia y control territorial alcanzado por estas redes criminales.
Lo más preocupante es que hoy las estrategias tomadas por el Estado resultan insuficientes: a fines de junio de 2026, pese a la presencia de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las operaciones ejecutadas por el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), se registró un ataque con explosivos en la unidad productiva Santa María de la compañía minera Poderosa, dejando como saldo dos trabajadores heridos y daños materiales en las instalaciones.
A ello se suma una profunda debilidad institucional que ha facilitado la expansión de estas organizaciones. Durante años, numerosos operadores ilegales aprovecharon el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para continuar extrayendo oro bajo la apariencia de un proceso de formalización que, en muchos casos, nunca llegó a concretarse. Es por esto que el Estado revocó 1,425 inscripciones del Reinfo en la provincia de Pataz, al comprobar que estos registros estaban siendo utilizados como mecanismo para encubrir actividades de minería ilegal y otros delitos conexos. La medida evidenció la magnitud del problema: lejos de constituir un instrumento eficaz de formalización, el registro terminó siendo utilizado por organizaciones criminales para operar con una apariencia de legalidad.
About The Author
