La minería ilegal continúa profundizando una crisis económica, social y ambiental en la provincia de Hualgayoc, advirtió el economista y expresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, Óscar Mendoza. El especialista dio a conocer los resultados de un estudio realizado el año pasado junto a estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, en el que se concluye que esta provincia deja de percibir aproximadamente 300 millones de soles anuales en impuestos debido a la presencia de minería informal.
El problema se agrava porque a esta cifra se suma una pérdida cercana a los 200 millones de soles por derechos laborales, producto de la informalidad que caracteriza a esta actividad. Además, existe un impacto aún mayor y difícil de revertir: las externalidades negativas generadas por la destrucción ambiental, que Mendoza estimó son alrededor de 1,5 mil millones de soles.
Frente a este escenario, el economista cuestionó las oportunidades que Hualgayoc y su población están dejando pasar. “¿Qué podría hacer la provincia con todos los recursos que no ingresan como impuestos y aportes por los recursos que se extraen? ¿Qué podría hacer la gente con el dinero que no ingresa?”, se preguntó, al remarcar que estos fondos podrían destinarse a desarrollo, servicios básicos y mejora de la calidad de vida.
Mendoza advirtió además que, si bien la minería ilegal puede resolver problemas económicos a corto plazo y aliviar la pobreza de algunas personas, sus consecuencias a mediano y largo plazo son mucho más negativas. Señaló que esta actividad sigue expandiéndose sin control porque los recursos provenientes de la minería ilegal también estarían infiltrándose en la política local y nacional, financiando campañas de alcaldes, diputados y senadores para asegurar su continuidad y protección.
Finalmente, expresó su preocupación por el panorama ambiental que se presenta en la región. Indicó que existe un alto nivel de degradación de la selva cajamarquina y peruana, así como graves niveles de contaminación del agua, producto de la minería ilegal. “No estamos haciendo nada. La población se ve afectada y las autoridades simplemente deciden mirar a otro lado”, concluyó, alertando sobre las consecuencias irreversibles que podría enfrentar el territorio si no se actúa de manera urgente.
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