El Ejecutivo intensificó la lucha contra la minería ilegal, con diversos operativos que permitieron incautar bienes e insumos valorizados en más de S/61 millones.
El Gobierno peruano reforzó sus acciones contra la minería ilegal en la primera quincena de enero, ejecutando un total de 48 operativos de interdicción a nivel nacional. Estas intervenciones permitieron la incautación y destrucción de bienes e insumos utilizados por redes criminales dedicadas a la extracción ilícita de minerales, valorizados en más de S/61 millones.
Las regiones con mayores montos de incautaciones incluyen Madre de Dios, con más de S/34 millones; Ucayali, con más de S/15 millones; y tanto Junín como Arequipa, con más de S/6 millones cada una. Lima y Huánuco también reportaron incautaciones superiores a los S/4 millones, reflejando la amplitud geográfica de las intervenciones.
Rodolfo García Esquerre, alto comisionado contra la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral del Estado para recuperar zonas impactadas por organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de oro y al uso de maquinaria no autorizada. Estas operaciones buscan debilitar la capacidad operativa de dichas redes criminales.
Trabajo coordinado
Las acciones de interdicción, respaldadas por el decreto legislativo n.º 1100, incluyen la ejecución de medidas sobre la totalidad de bienes incautados, orientadas a neutralizar los recursos logísticos y económicos que sustentan esta actividad. Entre los bienes decomisados figuran excavadoras, motores, dragas, campamentos, tanques de combustible, generadores eléctricos, balones de gas, antenas Starlink y otros equipos vinculados directamente a la minería ilegal.
Estas intervenciones se lograron gracias al trabajo coordinado entre la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, mostrando el enfoque multisectorial del Estado frente a este delito.
Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso de mantener operaciones continuas para afectar la infraestructura y logística de las redes dedicadas a la minería ilegal, así como asegurar un control territorial efectivo en las regiones más afectadas del país. Analistas destacan que estas intervenciones son parte de un esfuerzo sostenido del Ejecutivo para mitigar los impactos socioambientales de esta práctica ilícita.
Fuente: rumbominero
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