Estrategia de la minería ilegal comienza a causar preocupación en gigante del norte
La oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos señaló que las iniciativas que pretenden modificar el régimen de propiedad minera en el Perú –establecido en la Ley General de Minería– socavaría de gravedad la inversión minera en el Perú. En un pronunciamiento en la red social X la señalada oficina sostuvo que las modificaciones aumentarían el riesgo y la incertidumbre regulatoria en un sector que ha captado miles de millones de dólares.
Como se sabe, en la comisión de Energía y Minas del Congreso, sobre la base de nueve iniciativas legislativas, se aprobó un proyecto que modifica la ley general de minería estableciéndose el concepto de “las concesiones ociosas”. Un concepto extremadamente general, abierto, que solo alentaría las invasiones de los mineros ilegales en las áreas de las concesiones formales con reservas probadas de mineral –luego de años de exploración y millonarias inversiones–; pero que, sin embargo, todavía no están en explotación. Una verdadera bomba nuclear contra el sistema de propiedad minera que ha convertido al Perú en una potencia mundial de minerales.
¿A qué nos referimos? Una concesión minera en el Perú, en Canadá, en Australia, en Chile y los Estados Unidos suele tener una extensión de más de 10,000 hectáreas con el objeto de convertir a la exploración en una actividad central de la inversión. Por ejemplo, si se encuentra un área con reservas de minerales probados se suele establecer varias cuadrículas alrededor de la zona con el objeto de avanzar en exploración, mientras se explota el mineral. Con esa concesión en la mano las empresas se dirigen al sistema financiero internacional con el objeto de conseguir financiamientos entre US$ 1,200 millones y US$ 10,000 millones. Ninguna empresa seria podría tener esas sumas en caja.
Obtenido el préstamo la empresa explota el mineral confirmado mientras desarrolla una audaz labor de exploración en toda la concesión. El objetivo: alargar la vida útil de la mina e incrementar la rentabilidad del proyecto luego de pagada la obligación con el sistema financiero internacional.
Cuando se establece el concepto de “concesiones ociosas” tan alegremente, todas las reservas probadas sin explotar de las empresas formales se convierten en blancos de potenciales invasiones y asaltos de la minería ilegal. Así ha sucedido, por ejemplo, en el corredor minero del sur en donde se emplazan las empresas que producen el 40% del cobre nacional y en la provincia de Pataz en La Libertad. Si el trabajo de años de exploración es expropiado por invasiones es evidente que se está anulando la posibilidad de nuevas inversiones en minería.
En el afán d e promover el concepto de concesiones ociosas los defensores de estos cambios están planteando reducir el plazo de tiempo para que una operación minera entre en producción. Hoy es de 30 años, pero se pretende abreviar el plazo a 15 años. Al respecto diversos especialistas han señalado que el promedio mundial para que un proyecto minero entre en producción es de más de 25 años; y en el Perú, sobre todo por la sobrerregulación burocrática y la conflictividad social, los plazos se pueden extender entre 40 y 55 años.
Como se aprecia, la alerta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental es absolutamente justificada, sobre todo considerando que los señalados cambios no solo desalientan nuevas inversiones, sino que posibilita el avance de la minería ilegal, una de las economías ilegales más poderosa en el Perú y en toda la región latinoamericana.
Fuente: El Montonero
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