Medida regirá por 60 días y contempla intervención de Fuerzas Armadas y restricción de derechos en zonas críticas.
El Gobierno del presidente José María Balcázar declaró el estado de emergencia por un plazo de 60 días calendario en diversos distritos del departamento de Cajamarca, con el objetivo de restablecer el orden interno frente al incremento de la minería ilegal, delitos conexos y otras situaciones de violencia.
La medida alcanza a distritos de las provincias de Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Contumazá, Chota, Hualgayoc, San Ignacio y San Marcos, considerados zonas críticas por la presencia de actividades ilícitas vinculadas a la minería ilegal.
Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú asumirá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Las acciones estarán orientadas a intervenciones basadas en inteligencia, indicadores y mapas del delito, con el fin de enfrentar de manera efectiva las actividades ilegales.
Restricción de derechos constitucionales
El decreto supremo establece la restricción de determinados derechos constitucionales en las zonas comprendidas en la medida.
Entre ellos figuran la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal, conforme al artículo 137 de la Constitución Política del Perú.
Como parte de la intervención, se dispuso la creación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada, así como comités especializados en inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica.
Estas instancias contarán con participación de entidades del Estado en los tres niveles de gobierno, con el objetivo de ejecutar acciones integradas contra la criminalidad.
