Por José Luis Medina
Desde hace décadas, la minería ha sido uno de los pilares de la economía peruana. Sin embargo, en los últimos años, y más hoy, enfrentamos una paradoja inquietante: según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2025 las exportaciones de oro de origen ilegal habrían alcanzado un valor similar al de las exportaciones de oro legal. Como se muestra en el presente gráfico, dos curvas que convergen, pero que representan realidades profundamente distintas, y preocupantes, para el país y, en particular, para regiones como Cajamarca.
No se trata solo de cifras. Estamos hablando de alrededor de US$ 12 mil millones anuales en exportaciones ilegales de oro. Un monto que no solo revela la magnitud del fenómeno, sino que obliga a una reflexión seria: ¿quiénes se benefician realmente de estas exportaciones?, ¿dónde quedan esas rentas?, ¿qué está haciendo el Estado para enfrentar esta realidad?
En efecto, hay que ser claros: la minería ilegal es un delito. Genera graves impactos ambientales, promueve la violencia, alimenta economías criminales y se vincula al lavado de activos, al financiamiento de organizaciones ilícitas e incluso de campañas políticas. Esa dimensión perversa no puede relativizarse ni minimizarse. Allí donde hay contaminación de ríos, destrucción de ecosistemas, extorsión, trata de personas y asesinatos, no hay espacio para la ambigüedad moral ni política.
Permitir que estos flujos de dinero sigan circulando sin control debilita al Estado, corroe la institucionalidad y daña la democracia. En ese sentido, la lucha contra la minería ilegal no es solo ambiental o económica, es una batalla por el Estado de derecho.
Pero no todos son lo mismo
Dicho esto, cometeríamos un grave error si tratamos este fenómeno como un bloque homogéneo. No toda la minería que hoy opera al margen de la formalidad es criminal. Existe una minería artesanal y pequeña minería que, en ausencia del Estado, se ha convertido en una estrategia de supervivencia económica para miles de familias, especialmente en regiones históricamente postergadas como Cajamarca.
Para muchos territorios rurales, la minería artesanal e informal constituye una fuente clave de empleo e ingresos, especialmente en contextos donde el Estado ha tenido una presencia limitada y las alternativas productivas son escasas. Esta realidad social no puede ser ignorada ni abordada únicamente desde la lógica sancionadora. El desafío no es elegir entre tolerar la ilegalidad o erradicarla sin matices, sino distinguir con criterio técnico y territorial aquello que debe ser combatido sin concesiones de aquello que puede y debe ser ordenado, formalizado y acompañado por el Estado.
Otro contraste incómodo es que la gran minería formal tributa y transfiere recursos a las regiones mediante el canon; no obstante, la brecha entre uso del canon y bienestar sigue siendo amplia, producto de una gestión pública deficiente y, en muchos casos, capturada por la ineficiencia y la corrupción. En contraste, la minería informal e ilegal, sin tributar ni cumplir la ley, genera ingresos directos para miles de hogares en zonas donde el Estado no ha logrado ofrecer alternativas económicas reales. Reconocer este contraste no implica justificar la ilegalidad, sino entender una realidad estructural que debe ser abordada con políticas públicas más inteligentes y diferenciadas.
¿Es esta una justificación? No. Pero sí es un dato estructural que debe incorporarse al análisis si se quiere diseñar políticas públicas efectivas y no solo reactivas o punitivas.
Un problema estructural exige respuestas integrales
La expansión de la minería ilegal no ocurre en el vacío. Es el reflejo de un Estado débil, fragmentado y muchas veces ausente; de trámites de formalización inviables; de una fiscalización selectiva; y de economías regionales con pocas alternativas productivas. La delincuencia y la inseguridad no son exclusivas de la minería, sino que atraviesan múltiples sectores de la economía y la sociedad. Por ello, el problema no es solo minero, es estructural.
Combatirlo exige algo más que operativos policiales esporádicos. Requiere al menos una estrategia clara de formalización diferenciada y viable; presencia efectiva del Estado en territorio; control real de las cadenas de comercialización y exportación; persecución financiera del lavado de activos; y políticas de desarrollo regional que ofrezcan alternativas económicas sostenibles.
Cajamarca frente al desafío
Para Cajamarca, este debate es especialmente relevante. No podemos cerrar los ojos frente a actividades que destruyen el ambiente y generan violencia, pero tampoco podemos condenar sin matices a familias que encuentran en la minería artesanal una oportunidad en un contexto de abandono estatal.
El desafío es enorme. Es decir, ordenar sin criminalizar indiscriminadamente, sancionar sin destruir tejido social, promover desarrollo sin tolerar ilegalidad. No es un dilema simple, pero postergarlo solo profundiza el problema.
Si el oro ilegal ya exporta tanto como el legal, la pregunta no es solo cómo llegó hasta ahí, sino por qué el Estado permitió que llegue. Y, sobre todo, qué vamos a hacer ahora para que la riqueza mineral deje de ser fuente de violencia y desigualdad, y se convierta, de una vez, en una verdadera oportunidad de desarrollo para las regiones.
Desde Cajamarca, este debate no puede seguir siendo ideológico ni superficial, sino técnico, responsable y orientado a soluciones. Necesita datos, honestidad intelectual y, sobre todo, voluntad política.
José Luis Medina Bueno
Decano del Colegio de Economistas de Cajamarca
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