La minería es una de las principales actividades económicas del país y tiene un rol clave en regiones como Cajamarca, que concentra el 33 % de las reservas probadas y probables de oro a nivel nacional, según cifras registradas hasta el año 2021. Cuando se desarrolla de manera formal, esta actividad genera empleo y contribuye al crecimiento económico regional. No obstante, la minería ilegal se ha convertido en una amenaza creciente para la economía, el medio ambiente y la seguridad ciudadana.
A diferencia de la minería formal, la actividad ilegal se realiza fuera del marco normativo, sin permisos, con maquinaria no autorizada y, en muchos casos, dentro de áreas protegidas o zonas restringidas.
Esta situación genera impactos que trascienden lo ambiental. “La minería ilegal fomenta la violencia, perpetúa la informalidad, fortalece al crimen organizado y debilita la capacidad del Estado para regular y proteger a las comunidades”, explicó Carlos León, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
El problema se concentra en diversas regiones del país, incluida Cajamarca, donde la limitada presencia del Estado y la falta de recursos dificultan las labores de fiscalización y control. De acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, entre 300 mil y 500 mil personas participan directa o indirectamente en la minería ilegal, generando pérdidas económicas estimadas en 22,700 millones de soles al año.
En el caso específico de Cajamarca, el presupuesto asignado para combatir esta actividad resulta claramente insuficiente. Durante el año 2024, la región recibió menos de 40 mil soles, monto que limita seriamente su capacidad operativa y retrasa las intervenciones en zonas críticas, principalmente en áreas rurales y comunidades cercanas a centros mineros.
Un análisis de la Universidad del Pacífico, a través de su Escuela de Gestión Pública, advierte que los efectos de la minería ilegal se manifiestan en distintos niveles. En lo social, incrementa la violencia y la desconfianza hacia el Estado; en lo económico, debilita la economía formal y facilita el flujo de dinero ilícito; a nivel institucional, refuerza la corrupción; y en el ámbito ambiental, provoca deforestación masiva y contaminación de fuentes de agua, poniendo en riesgo ecosistemas, biodiversidad y recursos hídricos.
Ante este escenario, especialistas coinciden en la necesidad de aplicar estrategias claras y sostenidas. Carlos León remarcó que se requieren operativos de interdicción permanentes y coordinados, apoyados en tecnologías como monitoreo satelital, drones y análisis forenses. Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional y la cooperación con regiones vecinas para mejorar el control territorial y asegurar la trazabilidad de los recursos extraídos legalmente.
La situación evidencia que Cajamarca enfrenta un desafío urgente que demanda decisiones firmes, mayor presupuesto y una presencia efectiva del Estado para frenar el avance de la minería ilegal y proteger el desarrollo sostenible de la región.
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