El prefecto regional de Cajamarca, Silver Pérez, señaló que la minería ilegal es un problema de alcance regional y nacional que requiere acciones firmes y sostenidas. Indicó que, más allá de situaciones coyunturales, se viene exigiendo el cumplimiento de los compromisos asumidos por el presidente José Jerí, especialmente la implementación de un plan permanente de intervenciones y una lucha frontal e inmediata contra esta actividad ilícita.
Pérez precisó que ha solicitado un mayor protagonismo de la Policía Ambiental, como unidad especializada, así como un compromiso real de todas las instituciones involucradas, entre ellas el Ministerio Público y el Poder Judicial. Destacó que la reciente normativa promulgada amplía las sanciones no solo a quienes operan directamente en la minería ilegal, sino también a quienes se benefician indirectamente, como trabajadores, proveedores de insumos químicos y quienes montan negocios alrededor de esta actividad.
El prefecto recordó que el año pasado se realizaron entre seis y siete interdicciones que generaron un fuerte impacto económico en las organizaciones ilegales, aunque reconoció que estas acciones aún resultan insuficientes. En ese sentido, informó que a través del COPRESEC se vienen articulando esfuerzos para reforzar las interdicciones en los próximos meses y cerrar vacíos normativos que permiten el uso indebido del Reinfo para encubrir actividades ilegales.
Finalmente, advirtió que la minería ilegal ya está generando graves conflictos sociales y psicosociales en diversas provincias como Chetilla, Jaén, San Ignacio, Cajabamba y San Marcos. Señaló que incluso proyectos de desarrollo, como la electrificación, son rechazados por la población ante el temor de que favorezcan a la minería ilegal. Ante este escenario, reiteró la necesidad de un trabajo coordinado entre todas las instituciones del Estado para enfrentar un delito que está afectando profundamente a la sociedad cajamarquina.
Fuente: Habla Cajamarca
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