Lima, 5 de febrero de 2026.– El avance de la minería ilegal en el Perú ha dejado de ser un problema ambiental o económico para convertirse en una grave amenaza contra la institucionalidad del Estado, advirtió José Luis Gil Becerra, exdirector de Inteligencia del Ministerio del Interior.
Durante una entrevista con la Red de Comunicación Regional (RCR), el especialista citó estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), según las cuales esta actividad ilícita mueve alrededor de 12 mil millones de dólares al año, una cifra que —según sostuvo— supera la capacidad de respuesta del Estado y fortalece de manera peligrosa a las organizaciones criminales.
Gil Becerra señaló que la minería ilegal ya no puede entenderse como una actividad de subsistencia, sino como un conglomerado criminal altamente organizado, capaz de distorsionar la economía nacional y generar riqueza ilegal que no retorna al país, sino que se reinvierte en logística, corrupción y expansión del delito.
“La minería ilegal no solo enriquece a unos pocos, también destruye la economía nacional y socava la autoridad del Estado”, afirmó.
Uno de los puntos más preocupantes de su análisis fue la infiltración del dinero ilícito en la política. El exjefe de Inteligencia advirtió que el enorme flujo de capital ilegal permite a estas mafias ejercer una influencia corruptora sobre autoridades actuales y futuras, financiando campañas electorales y capturando espacios de poder.
“El riesgo es que este dinero pueda poner autoridades a su servicio, convirtiendo a funcionarios públicos en piezas de una estructura criminal”, alertó, al señalar que se genera un ciclo de impunidad difícil de romper.
Gil Becerra describió a la minería ilegal como la “punta del iceberg” de una red criminal más amplia, detrás de la cual operan delitos como el lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de insumos y la violencia organizada.
Ante este escenario, sostuvo que la respuesta del Estado no puede limitarse a acciones aisladas de la Policía o las Fuerzas Armadas, sino que debe convertirse en una estrategia multisectorial, sostenida en el tiempo y ajena a intereses ideológicos.
Finalmente, lanzó un llamado urgente a la unidad nacional, advirtiendo que el avance del crimen no distingue colores políticos. “Esto va a afectar a todos: derecha, izquierda y centro. Si no se actúa ahora, el país seguirá un camino lamentable”, concluyó, remarcando que la estabilidad democrática del Perú está seriamente comprometida por el poder del oro ilegal.
Fuente: Jaime Abanto Padilla
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