Advirtió sobre los riesgos de la informalidad minera, la contaminación ambiental y las condiciones laborales, y planteó prohibir las transacciones en efectivo en la compra de minerales para fortalecer la fiscalización y garantizar su trazabilidad.
En una reciente entrevista concedida a RPP, el ingeniero Raúl Benavides —director de la empresa minera Buenaventura, fundador del Centro de Tecnología Minera y columnista del diario El Comercio— analizó en detalle el proyecto de Ley de Minería Artisanal y Pequeña Minería (Ley MAPE) presentado recientemente por el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la República.
El análisis de Benavides cobra especial relevancia tras la publicación de su más reciente columna titulada «¿Una nueva ley minera o un nuevo ReInfo?», en la cual aborda los aciertos, vacíos y desafíos de esta propuesta legislativa.
1. Puntos positivos de la propuesta legislativa
A pesar de las críticas y dudas que genera el proyecto, el especialista destacó varios aspectos clave que representan un avance respecto al marco normativo vigente:
- Domicilio y casilla electrónica: Se establece una dirección jurídica obligatoria y casilla electrónica para las comunicaciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), evitando que los administrados aleguen desconocimiento o inexistencia de domicilio para evadir notificaciones.
- Fiscalización y auditorías multisectoriales: Se dispone la realización de auditorías a las plantas de beneficio por parte de diversas entidades del Estado:
- MINEM: Aspectos técnicos y normativos mineros.
- OEFA: Cumplimiento de estándares y compromisos ambientales.
- Osinergmin: Seguridad e infraestructura minera.
- Sunafil: Condiciones laborales, empleo y seguridad en el trabajo.
- Control de explosivos: Se otorga un plazo de 120 días al Ministerio del Interior para regular el comercio y uso de explosivos, insumos que actualmente se comercializan de manera liberal, representando un grave riesgo para la seguridad nacional.
- Fiscalización a plantas de mayor capacidad: Se contempla un control estricto sobre las plantas con capacidad de procesamiento superior a 25 toneladas al día.
2. Los puntos críticos y dudas sobre su implementación
¿Un «ReInfo disfrazado» o un régimen transitorio necesario?
El proyecto plantea un régimen de consolidación de 18 meses una vez que culmine la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (ReInfo). Frente a las voces que consideran que esto podría ser un ReInfo prolongado, Benavides señaló:
«La idea es terminar de una vez por todas con este registro de formalización que definitivamente ha fracasado. Tenía que buscarse alguna forma de hacer un registro distinto, pero que esta vez tuviera plazos concretos.»
Asimismo, aclaró que el texto habla de un plazo de consolidación que se extendería hacia diciembre de 2028, con un periodo adicional de hasta 5 años para culminar los procesos del Formape (Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal).
Ausencia de protección a ecosistemas frágiles
Uno de los vacíos más notorios en el texto legal, según el especialista, es la falta de mención explícita sobre la protección de ecosistemas frágiles como la Amazonía, así como la urgente necesidad de frenar la minería ilegal en ríos amazónicos y parques nacionales.
3. Claves para combatir la minería ilegal: La primera venta y la bancarización
Para el ingeniero Benavides, el núcleo del problema radica en el control comercial de los minerales:
- Trazabilidad en la primera venta: Siguiendo modelos evaluados en países de la región (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú), la clave para frenar el mineral ilegal es trasladar la responsabilidad legal y de trazabilidad al comprador. El comprador debe verificar la procedencia legítima del mineral (si proviene de una concesión formal o de la extracción ilegal en cuencas de ríos).
- Prohibición de operaciones en efectivo: Aunque la ley propone la apertura de cuentas en el Banco de la Nación, Benavides considera indispensable prohibir las transacciones en efectivo en la comercialización de minerales para cerrar el paso al lavado de activos y al mineral de origen ilícito.
4. «El ReInfo no puede ser un escudo para la impunidad»
En el tramo final de la entrevista, Benavides enfatizó que la inscripción en un proceso de formalización bajo ninguna circunstancia debe eximir de responsabilidad penal o ambiental:
«Estar inscrito en un proceso de formalización jamás debería otorgar protección frente a delitos ambientales, explotación de las personas, minería ilegal o lavado de activos. La formalización no puede convertirse en un escudo para la delincuencia por encima de la Constitución y de las leyes.»
Finalmente, recordó la importancia de garantizar un trabajo digno para los mineros artesanales, poniendo fin a las condiciones de informalidad, inseguridad e impunidad ambiental que afectan al país.
Fuente: RPP
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