Reflexiones sobre la propuesta de la izquierda radical contra inversiones agrarias
Durante la primera vuelta electoral los diversos movimientos de izquierda que proponen la instalación de una asamblea constituyente en el Perú, encabezados por Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, se dedicaron a demonizar a las agroexportaciones y el régimen promocional agrario. Según estas narrativas el régimen promocional significa menos recursos para el Estado y menos obras para los sectores en pobreza en el país.
Los datos desmontan esta argumentación: según el propio Ministerio de Economía y Finanzas, durante la vigencia de la anterior Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), la recaudación se incrementó de S/ 97 millones a más de S/. 826 millones al año. Es decir, sin la mencionada norma promocional –que fue derogada por la administración provisional de Francisco Sagasti– el Estado habría recaudado S/ 2,200 millones. Sin embargo, por el sistema promocional se recaudó S/ 9,100 millones. En otras palabras, S/ 7,000 millones más para el Estado.
Asimismo, si consideramos que el sector agrario genera más de 1.5 millones de empleos, entre directos e indirectos, y que ha sumado alrededor de US$ 15,000 millones en agroexportaciones el año pasado, entonces se confirma el criterio económico acerca de la importancia de trasladar recursos del Estado al sector privado para fomentar inversiones y la permanente reinversión. Y si tomamos en cuenta que el milagro agroexportador peruano se desarrolla en apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura –es decir, alrededor de 250,000 hectáreas– y que existe el potencial de expandir la frontera agroexportadora en un millón de hectáreas en la costa, a través de 23 proyectos hídricos, la urgencia de un régimen promocional se convierte en un clamor nacional.
Existe un sector de economistas de buena voluntad que legítimamente considera que no debe haber un régimen promocional en el agro y que no deberían establecerse excepciones. Existe racionalidad atendible en el argumento. Sin embargo, previamente a la derogatoria del régimen promocional anterior, ante la multiplicación de la inversión y la reinversión en el sector agroexportador, diversas corrientes proponían extender el régimen promocional tributario (15% en renta) y el sistema de flexibilidad laboral a toda la economía. El debate económico del Perú se proyectaba hacia adelante. Si se hubiese trasladado el régimen promocional agrario a toda la economía hoy nuestro país sería un Singapur continental.
Después de la derogatoria la idea de trasladar recursos al sector privado –es decir, de bajar impuestos– se ha convertido en una herejía inaceptable por el tamaño del gasto estatal, que consume un tercio del PBI nacional.
El Perú, pues, necesita un régimen promocional para convertir los desiertos de la costa en oasis de agroexportaciones y redefinir en general el mapa urbano, económico y social del país. ¿A qué nos referimos? Desarrollar el potencial agroexportador del Perú inevitablemente convertiría a los diversos valles de la costa, focalizados en la agroexportación, en polos de desarrollo de nuevas ciudades intermedias que deberían ser planificadas por el Estado como urbanizaciones del futuro. Semejante crecimiento urbano incluso generaría un proceso de migración inversa –por decirlo de alguna manera– desde Lima a las nuevas ciudades intermedias.
Cualquiera sea el ángulo de análisis, un régimen promocional en el agro no solo se justifica por las argumentaciones económicas, sino también por la experiencia de dos décadas de modelo promocional en que se captaron más de US$ 20,000 millones, y la reinversión se convirtió en una lógica indetenible.
¿Por qué entonces Roberto Sánchez y las fuerzas antisistema se focalizan en demonizar las agroexportaciones? Por la sencilla razón de que el agro moderno se ha convertido en uno de los principales motores antipobreza en la sociedad. La capacidad de crear empleo formal es indiscutible: en el 2004 existían 460,000 empleos formales, entre directos e indirectos, y hoy existen más de 1.5 millones, a pesar de la derogatoria del anterior régimen promocional y el bloqueo de nuevas inversiones, y no obstante también la crisis política general. Algo más: la pobreza en las regiones agrarias se ubica debajo del promedio nacional y los salarios suelen estar por encima del mínimo vital nacional.
Fuente: EL MONTONERO
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