Por Luis Oré Ibarra*
El 27 de abril leí en el portal de Dipromin un artículo publicado bajo el título “Cierre de Cobre Panamá: El costo de perder una mina que representaba el 2% del PIB” el texto analizaba el cierre de la mina Cobre Panamá como un caso de alto impacto económico y político. Señala que no era un proyecto menor, sino una operación que representaba entre 1.5% y 2% del PIB del país, por lo que su paralización en 2023 —tras protestas sociales y un fallo judicial— generó consecuencias macroeconómicas inmediatas. En términos económicos, el cierre redujo el crecimiento del país (de una proyección cercana al 4.8% a solo 2.5%), eliminó miles de millones en exportaciones y afectó la balanza comercial. También implicó la pérdida de ingresos fiscales relevantes y limitó la capacidad del Estado para financiar gasto público, aumentando la presión sobre la deuda y deteriorando la calificación crediticia. El impacto social fue significativo, especialmente en empleo. Miles de puestos directos e indirectos desaparecieron, afectando principalmente a regiones dependientes de la actividad minera. Muchos trabajadores especializados no han podido reinsertarse, generando migración de talento hacia otros países. Y desde el punto de vista político, se afirma que, el cierre refleja el peso de la “licencia social”: aunque el proyecto era económicamente relevante, la falta de aceptación social lo hizo inviable. Esto reposiciona el riesgo político en América Latina, obligando a inversionistas a considerar con mayor rigor factores sociales y ambientales, lo que puede encarecer el financiamiento de nuevos proyectos.
El articulo concluye afirmando que “First Quantum no ha descartado formalmente retomar operaciones. La infraestructura instalada — procesadora, puerto privado, campamento — sigue en pie y fue construida con una inversión superior a los 10,000 millones de dólares. (…) Pero la reapertura requiere un nuevo contrato, una nueva consulta popular o legislativa, y un gobierno dispuesto a asumir el costo político de presentar ese acuerdo ante una sociedad que votó masivamente en contra de la operación en las calles en 2023”. El texto plantea que una eventual reapertura es compleja.
No sé si lo que se requiera sea una “consulta popular o legislativa” o si el gobierno deba asumir algún “costo político”. El término consulta puede prestarse a múltiples interpretaciones. El 28 de abril escribí estas notas desde Panama en el aeropuerto de Tocumen en tránsito hacia Monterrey, Mexico mientras recordaba que cuando las protestas en Panama surgieron contra Cobre Panama me invitaron a escribir un artículo de opinión en La Prensa de Panama que se publicó el día 05 de julio de 2024 bajo el título “Realmente necesitamos dialogar?”. Hace más de 20 meses sostenía que las protestas del 2023 evidenciaron la capacidad de la sociedad panameña para organizarse y frenar decisiones percibidas como impuestas, lo que expuso fallas en la forma en que se gestionó el proyecto Cobre Panamá. Critiqué el enfoque del gobierno anterior de “Decidir–Anunciar–Defender”, señalando que generó desconfianza y escalamiento del conflicto al no involucrar a la ciudadanía de manera temprana y significativa. En mis notas planteaba que los problemas complejos no se resuelven con imposición, sino mediante diálogo colaborativo entre todos los actores, basado en información confiable y en la comprensión de intereses reales, más allá de posiciones a favor o en contra. Destacaba que cuando la sociedad rechaza un proyecto, en realidad está tratando de defender lo que perciben como sus intereses legítimos, como el ambiente o el desarrollo sostenible. Siempre afirmamos que no se trata de aceptar o rechazar la minería, sino de establecer las condiciones bajo las cuales podría ser aceptada. Para ello, un proyecto debe generar beneficios claros y superiores a sus riesgos, y ser percibido como un aportante al bienestar de la población. Proponemos procesos de diálogo dignos, genuinos, participativos y transparentes, donde todos los actores co-construyan soluciones, fortalezcan la confianza y tomen decisiones informadas porque solo a través de este tipo de diálogo es posible lograr desarrollo sostenible y valor compartido con legitimidad social.
Una y otra vez, diversas experiencias nos demuestran que sin legitimidad social y sin una aceptación general y continua de la población local, los proyectos de inversión (por más que puedan ser beneficiosos para muchos) no pueden ser implementados. Entiendo que First Quantum Minerals luego de los acontecimientos sucedidos, decidió intentar aplicar un nuevo enfoque, quizás un enfoque que puede estar más alineado al modelo AARC con el que también trabajamos en Honduras en una situación de conflictividad regional entre población, comunidades, organizaciones de base y la industria de la Palma Aceitera.
El modelo AARC – Reconocimiento, Agencia, Reciprocidad y Claridad – desarrollado por Merrick Hoben PhD es un marco conceptual diseñado para estructurar procesos de diálogo y negociación centrados en la dignidad de las personas, especialmente en contextos complejos donde existen asimetrías de poder, conflictos identitarios o históricos de desconfianza. A diferencia de los enfoques tradicionales basados únicamente en intereses, este modelo parte de una premisa más profunda: Sin dignidad no hay diálogo genuino ni acuerdos sostenibles. El primer componente, el reconocimiento, implica validar de manera auténtica las experiencias, emociones y percepciones de los actores, generando un sentido de “ser escuchado” que legitima su participación; no se trata solo de empatía superficial, sino de construir condiciones para una escucha activa que permita que cada parte sea comprendida tanto por el facilitador como por los demás. Sobre esta base, la agencia introduce la necesidad de que los participantes tengan un rol activo y un sentido real de control e influencia sobre el proceso, lo que se traduce en co-diseño, participación efectiva y apropiación de los resultados; sin agencia, el diálogo se percibe impuesto y pierde legitimidad. A continuación, la reciprocidad lleva la interacción a un nivel más profundo, promoviendo intercambios constructivos donde las partes no solo expresan posiciones, sino que co-crean soluciones y construyen confianza a partir de experiencias compartidas, superando la lógica confrontacional. Finalmente, la claridad cumple una función estructurante, asegurando que el proceso tenga un propósito definido, reglas comprensibles y una secuencia coherente que permita a los participantes entender hacia dónde se dirige la conversación; en este sentido, el facilitador actúa como un arquitecto narrativo que organiza el diálogo como una historia con inicio, desarrollo y cierre. En conjunto, estos cuatro elementos operan de manera sistémica: el reconocimiento habilita la apertura, la agencia genera compromiso, la reciprocidad construye confianza y la claridad da dirección. Así, el modelo AARC no sustituye la negociación basada en intereses, sino que la potencia al incorporar dimensiones humanas críticas que, si no son atendidas, suelen ser la causa principal del fracaso en procesos de diálogo complejos.
En este punto, resulta clave conectar el modelo AARC a la situación actual del caso de Cobre Panama. El gobierno de Panamá autorizó a First Quantum Minerals a retirar, procesar y exportar el mineral previamente acopiado, bajo supervisión estatal. Este acopio asciende a aproximadamente 38 millones de toneladas métricas, con cerca de 70,000 toneladas recuperables de cobre. Esta medida busca reducir riesgos ambientales como el drenaje ácido de roca y manejo de relaves, mantener la infraestructura del proyecto en condiciones seguras, y obtener ingresos fiscales y regalías sin reabrir formalmente la mina. En términos estratégicos, este mineral acopiado (stockpile) representan tanto un desafío ambiental como una oportunidad política: su procesamiento controlado podría servir como puente entre el cierre abrupto de 2023 y un dialogo más productivo sobre el futuro del proyecto. Más importante aún, abre una oportunidad concreta: Esta fase podría funcionar como una oportunidad ideal de bajo riesgo para aplicar el modelo AARC y comenzar a reconstruir confianza entre actores históricamente enfrentados.
Pero este proceso no ocurre en un vacío. En 2023, First Quantum inició arbitrajes internacionales —incluyendo la Cámara de Comercio Internacional y el marco del Tratado de Libre Comercio Canadá–Panamá— con reclamos que podrían alcanzar hasta US$20 mil millones. Aunque algunos arbitrajes fueron suspendidos o retirados durante 2025, el riesgo de litigios multimillonarios no ha desaparecido. Con el futuro de Cobre Panamá aún sin definirse, un diálogo colaborativo no solo es algo deseable, sino es una necesidad estratégica: evitar costos financieros de miles de millones de dólares que Panamá difícilmente podría asumir en este momento.
Dicho esto, si las condiciones generales en Panama son adecuadas, si First Quantum realmente decidió internalizar y aplicar mejores prácticas en el desempeño de su involucramiento multiactor y diálogo genuino con comunidades y entidades, y si se ha sabido abordar de manera positiva las preocupaciones de diversos actores, quizás la celebración de nuevos acuerdos de beneficio mutuo con actores locales y/o el gobierno pueda dar paso a la viabilidad social de Cobre Panama.
Finalmente, este análisis no puede reducirse a una dicotomía simplista entre cierre o reapertura. Incluso si una parte de la población mantiene una posición firme de cierre definitivo, el modelo AARC sigue siendo plenamente relevante. Aun en un escenario de cierre permanente, permitiría asegurar que el proceso de clausura se gestione con dignidad y beneficios compartidos.
Para construir la viabilidad social de proyectos se debe inspirar confianza y generar las expectativas adecuadas a través del contacto directo, el involucramiento temprano y el diálogo genuino y sincero con un Enfoque de Beneficios Mutuos asumiendo el modelo AARC. Como siempre decimos, siempre habrá tensión entre recibir proyectos mineros y el temor a potenciales impactos socioambientales negativos en comunidades locales, pero empresas y comunidades (incluso gobiernos) pueden trabajar juntos para generar acuerdos que sean mutuamente beneficiosos teniendo en cuenta los intereses, necesidades y preocupaciones que son importantes para cada una de las partes interesadas con procesos adecuados, en los que todos se sientan escuchados y reconocidos, que tengan cierto grado de influencia, actúen con reciprocidad en la co-creación de soluciones y tengan claridad sobre el propósito, la estructura, y la secuencia en los procesos en los que participan. Diversas experiencias demuestran que, con los procesos, los enfoques y los paradigmas adecuados se pueden abordar e integrar múltiples y diversos intereses con dignidad y beneficios para todos.
- Luis Oré Ibarra es mediador y consultor internacional en negociaciones, procesos de consenso y stakeholder engagement, Presidente 2010-2011 de la Sección Internacional de la Association for Conflict Resolution (EE.UU.), Vice-Presidente 2011-2012 del Comité de Inversiones y Desarrollo Internacional de la American Bar Association (EE.UU.), Senior Partner del Consensus Building Institute (EE.UU.), Fundador de ORASI Consulting Group (EE.UU.), socio gerente de Estrateus Consultores (Peru), consultor-mediador con Mediators Beyond Borders International, Presidente de la Cumbre Internacional de Paz MBBI Lima 2025, y autor de libro Consensus Building: Proceso de Construcción de Consenso. Contacto: oreluis@hotmail.com
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