El ecosistema de la minería ilegal en el Perú ha alcanzado dimensiones alarmantes, consolidándose como un lastre crítico para las finanzas públicas y la seguridad nacional. María Alejandra Ormeño, jefa de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), advirtió que las exportaciones de oro de origen ilegal han quebrado techos históricos al superar los 11,000 millones de dólares, una cifra que representa un crecimiento exponencial de 6.5 veces respecto a los valores registrados hace apenas una década.
Este auge de la economía subterránea no es un fenómeno aislado, sino que viene respaldado por un incremento drástico en la operatividad delictiva: entre 2021 y 2025, las denuncias por minería ilegal a nivel nacional se duplicaron, saltando de 1,200 a más de 2,600 registros, con una preocupante concentración en las regiones de La Libertad, Cajamarca y Madre de Dios.
“Esta expansión ha dejado una huella profunda en el sistema financiero, donde la detección de actividades irregulares también se ha disparado”, precisó en declaraciones a RCR.
Según Ormeño, las operaciones sospechosas vinculadas a este sector alcanzaron un pico de 6,000 millones de dólares en 2025, prácticamente el doble de lo identificado en 2021. La magnitud de estas cifras evidencia que la minería ilegal de oro ha permeado las estructuras económicas del país, generando consecuencias devastadoras no solo en términos de recaudación fiscal, sino también en los ámbitos social y ambiental.
Ante este escenario, la especialista del IPE subrayó la responsabilidad ineludible del próximo gobierno para abordar esta crisis con un enfoque técnico y viable, advirtiendo que cualquier estrategia futura deberá poner especial énfasis en desarticular una estructura que hoy desafía la viabilidad del Estado peruano.
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