La minería ilegal continúa ganando terreno en Cajamarca mientras el Estado central mantiene un modelo que ha debilitado deliberadamente la capacidad de control de los gobiernos regionales. Así lo advirtió la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), al cuestionar la decisión del Congreso y del Ejecutivo de retirar a las regiones la facultad de formalizar a los mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
El director regional de Energía y Minas, Víctor Cusquisiban Fernández, fue claro al señalar que la centralización del proceso de formalización en el Ministerio de Energía y Minas no solo ha sido ineficiente, sino que ha favorecido indirectamente la expansión de la minería ilegal en el territorio.
“Hoy las regiones solo fiscalizan, pero no pueden formalizar. Sin formalización no hay control real, y sin control real la minería ilegal se fortalece”, sostuvo el funcionario.
Uno de los problemas más graves detectados es el uso irregular del REINFO, documento que estaría siendo prestado o alquilado a terceros sin relación con la actividad minera, permitiendo que operaciones ilegales funcionen bajo una fachada de legalidad. Esta situación, advirtió Cusquisiban, se pudo haber corregido avanzando en los procesos de formalización desde el ámbito regional, posibilidad que fue cerrada por las normas aprobadas por el Congreso.
Las cifras revelan la magnitud del problema: en Cajamarca existen 529 registros REINFO vigentes, tras la depuración realizada en 2025; sin embargo, ninguno ha logrado culminar su formalización. Para la DREM, este dato evidencia el fracaso del modelo centralizado impuesto desde Lima y la ausencia de resultados concretos por parte del Ministerio de Energía y Minas.
Desde el Gobierno Regional se advierte que mantener este esquema no solo debilita la lucha contra la minería ilegal, sino que expone a Cajamarca a mayores daños ambientales, conflictos sociales y pérdida de autoridad del Estado en zonas mineras.
Finalmente, la DREM exigió una revisión inmediata del marco normativo, la devolución de competencias a los gobiernos regionales y una política real de formalización minera. “Mientras el Estado siga quitando herramientas a las regiones, la minería ilegal seguirá avanzando”, concluyó Cusquisiban.
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