Especialistas advierten que la prórroga incentivará la minería ilegal, aumentará la violencia y perjudicará la competitividad del Perú. Señalan que el régimen se ha convertido en un “esquema de impunidad” que debilita la fiscalización y ahuyenta las inversiones.
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La Comisión de Energía y Minas del Congreso discutirá, mañana viernes, el predictamen para ampliar hasta diciembre del 2026 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pese a que este se ha convertido en un instrumento que favorece la minería informal e ilegal en el país.
Sobre ese tema, Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), consideró que una prórroga del Reinfo podría beneficiar a operadores ilegales y debilitar los esfuerzos de fiscalización y control.
“Estamos dentro de unos meses de campaña política, y tenemos la aprobación de una ley MAPE en stand-by. El Congreso no dice nada, la Comisión de Energía y Minas no dice nada”, dijo Garay en una emisora de Cajamarca.
Para Garay, durante los últimos años, el Congreso no ha legislado de manera efectiva contra la minería ilegal, e incluso “ha favorecido el desorden” mediante acuerdos con gremios ilegales. “Durante estos años, el Congreso no ha legislado contra la minería ilegal. Más bien ha permitido un desorden, y eso genera desconfianza y pone en riesgo las inversiones futuras”, añadió.
Asimismo, Carlos Gallardo, del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que una nueva ampliación del Reinfo seguirá deteriorando la competitividad internacional del Perú para la minería formal, debido a los altos riesgos de crimen organizado. Indicó que este mecanismo, al que calificó como un «esquema de impunidad», fomenta la violencia.
“Hay bastante consenso en que el Reinfo es un régimen que permite la impunidad para las actividades de minería ilegal. Afecta principalmente al minero artesanal formal, al presentarle una situación de mucha incertidumbre sobre el proceso de formalización, que se torna eterno y de nunca acabar”, dijo Gallardo.
Según el experto, la ilegalidad sofoca a la inversión legítima, porque proyectos como Los Chankas, Michiquillay y Haquira, que suman inversiones por 7,000 millones de dólares, están atrasados al encontrarse invadidos por minería ilegal. Agregó que esta actividad ilícita no solo opera en espacios vacíos, sino que “retrasa la actividad minera formal en los lugares donde ya tienen concesiones”.
Extender el Reinfo, afirmó Gallardo, equivale a “aceptar que va a continuar un impacto ambiental muy importante debido al mercurio y la deforestación”. Este daño ecológico recae directamente sobre la salud de las personas y el medio ambiente. En su diagnóstico, esta situación no hace más que retrasar impuestos, crecimiento económico, inversión privada, empleo y todo lo que significa el desarrollo de proyectos mineros formales.
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