En el Perú, sacar adelante un proyecto minero puede convertirse en un proceso extremadamente prolongado. De acuerdo con el IPE, el camino desde la exploración hasta la producción puede tomar hasta 40 años, un periodo en el que se acumulan cambios políticos, regulatorios y sociales que incrementan la incertidumbre para la inversión.
Este escenario responde a un entramado de trámites, normas cambiantes y conflictos sociales que dificultan el desarrollo de la actividad formal. En lugar de simplificar procesos y otorgar mayor estabilidad, recientes propuestas desde el Congreso apuntan a reducir el plazo de las concesiones de 30 a 15 años, además de endurecer las condiciones para su permanencia.
Sin embargo, la concesión minera es un elemento fundamental para cualquier proyecto, ya que constituye el punto de partida para explorar, realizar estudios y eventualmente producir. Reducir su vigencia no necesariamente acelera los procesos, sino que puede desincentivar la inversión al limitar el horizonte de tiempo disponible para recuperar el capital invertido.
Las cifras respaldan esta preocupación: en etapas de exploración temprana, menos del 1% de los proyectos logra convertirse en una mina operativa, según MinEx Consulting. En ese contexto, cambios que incrementen la incertidumbre o debiliten la seguridad jurídica podrían desalentar aún más la participación de inversionistas formales.
Además, la experiencia en regiones como Cajamarca evidencia que, cuando los proyectos formales no avanzan, la actividad minera no desaparece, sino que tiende a ser reemplazada por operaciones informales o ilegales. Este fenómeno plantea desafíos adicionales en términos ambientales, laborales y fiscales, reforzando la necesidad de políticas que promuevan un desarrollo minero ordenado y sostenible.
Fuente: DIPROMIN
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