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No basta con ver un relieve y afirmar que en su interior hay riqueza lista para ser explotada. La minería responsable exige un proceso arduo, que abarca años de exploración, inversiones millonarias y una incertidumbre constante.
Los depósitos minerales no se revelan de inmediato, requieren estudios geológicos profundos, pruebas metalúrgicas rigurosas y una evaluación ambiental meticulosa. Se necesita planificación, permisos, diálogo con las comunidades y un compromiso absoluto con la sostenibilidad. Cada concesión es una apuesta calculada, una inversión que solo da frutos si la naturaleza lo permite y si las condiciones económicas, sociales y legales lo hacen viable.
Pero hay quienes desean apropiarse de ese esfuerzo sin asumir los riesgos. Mineros informales que buscan el trabajo de otros, que toman lo que encuentran sin reparar en el daño al entorno, a las comunidades y a la economía del país. ¿Cómo se les ocurre imponer plazos irrisorios de cinco años, cuando un proyecto serio puede tomar décadas en concretarse? Es una condena a la inviabilidad minera, una invitación a la ilegalidad.
El Perú no necesita retroceder, sino avanzar con una minería que maximice el valor de sus recursos. Los minerales son propiedad de la nación y deben traducirse en desarrollo para todos los peruanos. Tributación justa, protección laboral, respeto por el medio ambiente y legalidad: esos son los pilares de una minería que construye futuro.
Debemos defender lo que hemos construido. La legislación minera es el contrato social que garantiza el beneficio colectivo, y romperlo es abrir las puertas a la anarquía. Si los cerros no son de cristal, la institucionalidad tampoco debe serlo. Necesitamos firmeza, conocimiento y responsabilidad. Solo así aseguraremos que los recursos del país generen riqueza para todos, y no solo para quienes buscan atajos a costa del esfuerzo ajeno.
Fuente: Inspirado en un artículo de Lampadia.
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