El Gobierno Regional de Cajamarca aprueba cuatro mecanismos para el monitoreo permanente y sanción, buscando evitar que la región se convierta en «un nuevo Pataz».
Los 24 operativos reportados por la Policía Nacional, más las acciones de interdicción contra la minería ilegal ejecutados recientemente en la región son solo el primer paso. La verdadera interrogante, que definirá el éxito o fracaso de esta lucha, es: ¿y luego qué?
El temor de que las zonas intervenidas sean abandonadas por el Estado y retomadas por los ilegales —como ocurrió en Pataz (La Libertad)— ha movilizado al Gobierno Regional de Cajamarca (GORE). En respuesta, la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (Renama) ha aprobado un paquete de cuatro instrumentos de fiscalización, convirtiendo a Cajamarca en la primera región del país en proponer medidas concretas para el monitoreo post-intervención.
Pese a los resultados de los operativos (42 detenidos y 62 máquinas pesadas incautadas), la preocupación persiste. «Esa población dedicada a esta actividad no se va a ir», sabiendo el potencial minero, que existe en muchas zonas de la región.
El riesgo de un «nuevo Pataz»
Sergio Sánchez Ibáñez, gerente de Renama, señala que la formalización es el camino ideal, citando el éxito de 113 mineros que se asociaron para obtener contratos de explotación con la minera Shahuindo.
Sin embargo, admite que la formalización no es garantía si no va acompañada de un monitoreo permanente, lección aprendida del desastre en Pataz. Sánchez fue crítico con la situación en La Libertad, donde «a sus autoridades regionales no les ha importado, no se han comprado el pleito».
La minería ilegal, subraya el gerente, «le hace perder ingresos al Estado y competitividad a las empresas formales». El problema de fondo, se arraiga en brechas sociales, abandono estatal y corrupción (mal manejo de los recursos del canon minero), que hacen que el potencial minero de la región no se traduzca en desarrollo.
Los cuatro mecanismos del GORE para el «día después»
Para ejercer un control efectivo dentro de sus competencias, el GORE Cajamarca ha oficializado cuatro instrumentos clave de fiscalización y sanción:
Reglamento de Supervisión: Establece las reglas y criterios para que el GORE-CAJ ejerza su función de supervisión ambiental.
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS): Unifica los criterios para investigar y sancionar infracciones ambientales.
Reglamento de Atención de Denuncias Ambientales: Regula cómo la entidad debe recibir, tramitar y responder a las denuncias ciudadanas.
Listado de Infracciones y Escala de Sanciones: Un catálogo detallado de las faltas administrativas y las multas correspondientes.
«Éramos muy débiles a nivel de sanciones», reconoció Sánchez. «Ello nos permitirá cumplir a cabalidad lo que la normativa nos pide».
El problema raíz: La ausencia de Ordenamiento Territorial
Aunque estos mecanismos son un avance, Sánchez Ibáñez identifica un obstáculo estructural: la desaparición de la política nacional de Ordenamiento Territorial (OT).
«El Estado desapareció esta política, solo nos corresponde la zonificación forestal», lamentó el gerente de Renama. Sin una planificación clara del territorio que equilibre desarrollo y conservación, «el crecimiento de la minería ilegal es una de las consecuencias».
Mientras tanto, 13 instituciones involucradas en esta lucha se reunirán el próximo 5 de noviembre para evaluar los avances de esta nueva estrategia. Actualmente, 140 denuncias relacionadas con la minería ilegal ya se encuentran en carpetas fiscales.
IMPORTANTE
La minería ilegal en el Perú y en especial en Cajamarca se ha convertido en un serio problema, que va de la mano con serias brechas sociales como la pobreza, falta de trabajo, subempleo, generado por una clase política sin esencia, desordenada, corrupta, con un mal enfoque de ambición, pero, sobre todo, indiferente de nuestra realidad.
About The Author
