Arturo Bazán Vigo, presidente del Comité de Industria de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, advirtió que el crimen organizado estaría financiando parte de la conflictividad social en la región, con el objetivo de frenar proyectos de inversión legal, especialmente en el sector minero. Sus declaraciones se dieron en el marco del Tercer Foro Nacional de Sostenibilidad y Derechos Humanos – Cajamarca 2025.
“El conflicto social es financiado para evitar que se concreten proyectos que respetan la ley. Estamos rezagados en la cartera minera por esta conflictividad”, sostuvo Bazán. Añadió que estos intereses ilegales buscan mantener su poder operando al margen de la legalidad.
Durante el foro —presentado como una muestra concreta del liderazgo de Cajamarca en temas de sostenibilidad— se abordaron ejes clave como el agua, la seguridad, el desarrollo territorial y la sostenibilidad. El agua fue destacado como un derecho humano prioritario en la agenda, y la seguridad como un eje transversal necesario para el funcionamiento pleno de la sociedad, incluyendo la educación, la salud y la inversión.
Bazán remarcó que para contrarrestar esta amenaza es indispensable una organización sólida de la sociedad civil, el Estado, la academia y la industria: lo que denominó como una “cuádruple hélice”. “Si el crimen está organizado, la sociedad tiene que organizarse más”, expresó con firmeza.
El empresario también reflexionó sobre la paradoja de Cajamarca: una región rica en recursos naturales, pero con elevados niveles de pobreza. “Eso no es casualidad, es consecuencia de intereses ilegales que impiden el progreso”, señaló.
Finalmente, planteó una visión al 2050 con una Cajamarca segura, institucionalmente fortalecida y con un modelo de desarrollo industrial vinculado directamente a la seguridad y la legalidad.
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