Cajamarca vuelve a ser el centro de atención nacional e internacional. El proyecto Michiquillay (Encañada – Cajamarca), impulsado por Southern Copper Corporation, se proyecta como una de las inversiones más grandes de las últimas décadas en Cajamarca. La empresa estima una inversión de aproximadamente US$ 2,500 millones, y proyecta iniciar su producción hacia el año 2032. Según su informe técnico, Michiquillay producirá 225,000 toneladas de cobre al año, además de subproductos como oro, plata y molibdeno, con una vida útil inicial superior a 25 años.
Si tomamos como referencia los precios actuales del cobre —que fluctúan entre US$ 9,000 y US$ 11,000 por tonelada según el mercado de Londres (LME)—, los ingresos anuales brutos por ventas podrían oscilar entre US$ 2,025 millones y US$ 2,475 millones. Aun considerando un margen operativo conservador del 25 %, y aplicando las tasas vigentes de regalías mineras (1 % – 5 %) y el impuesto a la renta del 29.5 %, el Estado peruano podría recibir cada año entre US$ 160 y US$ 310 millones por concepto de tributos y regalías.
La minería puede generar riqueza para el país, pero también lecciones de que los beneficios no siempre llegan a todos la población. Cajamarca sabe lo que es convivir con grandes proyectos mineros durante más de tres décadas: si bien hubo inversión, empleo y canon, pero también hubo conflictos, deterioro ambiental y desigualdad social persistente. Por eso, Michiquillay no puede repetirse como una historia de promesas que finalmente no se cumplen y las mayorías solamente miran como los recursos se los llevan unos cuantos.
El proyecto se ubica en una zona a todas luces de alta fragilidad ambiental, dentro de la microcuenca La Encañada–Namora, fuente de agua, agricultura y vida para miles de familias. Antes de hablar de cobre y dólares, hay que hablar de agua y de futuro. Por eso es indispensable que se elabore un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-D), donde se establezcan medidas de mitigación rigurosas y fiscalizadas, que garanticen la protección de las fuentes hídricas, los suelos, la flora y la fauna.
El desarrollo de Cajamarca requiere inversión privada, pero con muchisima responsabilidad. Si Michiquillay se ejecuta con participación ciudadana informada, transparencia y cumplimiento ambiental estricto, será una oportunidad histórica para transformar nuestra región. Pero si se ignoran las lecciones de Yanacocha o Cerro Corona, Shahuindo, etc, podría convertirse en una herida más, difícil de sanar sobre las cabeceras de cuenca.
Cajamarca tiene derecho a desarrollarse, pero también a decidir cómo hacerlo. El cobre puede darnos riqueza, pero el agua nos da vida. Y sin agua, no hay futuro posible.
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