Alejandro Narváez, expresidente del directorio de Petroperú, afirmó que su remoción fue injustificada y ahora busca una explicación formal sobre su salida de la estatal petrolera. Para ello, ha enviado dos cartas notariales dirigidas a los ministros del Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, y de Energía y Minas (Minem), Luis Enrique Bravo, ambos miembros de la Junta General de Accionistas (JGA) de la empresa, solicitando la revisión del procedimiento mediante el cual fue separado del cargo.
En los documentos —a los que accedió Gestión— Narváez señala que la decisión, anunciada públicamente el 17 de octubre de 2025, podría haber estado marcada por irregularidades. Entre sus principales cuestionamientos figura la ausencia de documentación formal que respalde su remoción, como un acta oficial de la JGA, informes técnicos o evaluaciones de desempeño que justifiquen la medida adoptada.
Narváez advierte que esta situación podría vulnerar el principio de motivación suficiente, establecido en el Decreto Legislativo 043 y la Ley del Procedimiento Administrativo General. En ese marco, solicitó que se verifique la existencia de un acuerdo formal de la JGA conforme al Estatuto Social de Petroperú, así como la motivación técnica detrás de la decisión. Además, pidió que se adopten medidas necesarias para preservar la seguridad jurídica, la gobernanza corporativa y la sostenibilidad de la empresa estatal.
El exdirectivo también recordó que, según la Ley General de Sociedades y el estatuto interno de Petroperú, la remoción de directores debe cumplir con una convocatoria formal, una agenda claramente expresada, la verificación del quórum necesario y el correspondiente registro del acta ante Sunarp. La omisión de estos pasos, según su interpretación, pondría en entredicho la legalidad del proceso.
Asimismo, alertó que no respetar el artículo 47 del Estatuto Social, el cual establece una renovación escalonada del directorio, podría comprometer los estándares de previsibilidad y profesionalización que exige el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades del Mercado de Valores. Esto, dijo, podría tener implicancias más allá del plano administrativo interno.
Finalmente, Narváez advirtió que una decisión societaria sin sustento técnico ni formal puede derivar en serias contingencias institucionales, de gobernanza y reputacionales para Petroperú. Según indicó, este tipo de acciones podrían dañar la credibilidad de la empresa ante inversionistas, mercados financieros y organismos multilaterales, en un momento en que la estabilidad de la compañía es clave para su recuperación.
Fuente: Dipromin
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