Advierte que el país debe elevar la inversión privada y pública, destrabar proyectos mineros y reducir trabas para recuperar dinamismo económico.
El ex ministro de Economía, Ismael Benavides afirmó que el Perú solo podrá “mirar con buenos ojos el 2026” si prioriza la inversión, especialmente la vinculada al desarrollo minero. Explica que para que el país crezca al doble de su ritmo actual —entre 7% y 8%— se requiere que la inversión privada llegue al 20% del PBI, mientras que la inversión pública debe alcanzar 5%. Actualmente, advierte, solo se está invirtiendo la mitad de lo necesario.
En entrevista para Rumbo Minero TV, subrayó que los recursos provenientes de la minería y la agroexportación deben dirigirse a la inversión reproductiva, especialmente en infraestructura hídrica y urbana. Recordó que el 80% de la población vive en la costa, pero solo se cuenta con 2% del agua, por lo que urge ejecutar proyectos de represamiento, reuso y tratamiento bajo esquemas de economía circular.
Asimismo, sostuvo que la minería puede destrabar el crecimiento si se reactivan proyectos clave como Tía María, que generará más de 1,000 empleos, demandará cerca de US$ 2,000 millones de inversión y aportará alrededor de US$ 1,500 millones anuales en producción, además de un canon significativo para Arequipa y el valle del Tambo. También mencionó la importancia de avanzar con proyectos como Zafranal, en un contexto donde la cartera minera supera los US$ 40,000 millones.
Menos trabas
El exministro remarcó que uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de nuevos proyectos es la excesiva burocracia. Benavides señala que, pese a los anuncios de sucesivos gobiernos, “no se ha hecho nada, los trámites siguen iguales”. Por ello propuso la creación de un ministerio específico para la desburocratización, similar al modelo implementado en Argentina bajo la gestión de Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
El funcionario tendría autoridad transversal para suprimir trámites en ministerios, gobiernos regionales y municipios, entidades donde se concentran las demoras y costos adicionales para permisos, licencias y habilitaciones. Benavides recordó que muchas obras paralizadas se encuentran precisamente en gobiernos regionales, donde operan como “feudos” con baja capacidad técnica y altos índices de corrupción.
Además, destacó la necesidad de que el próximo gobierno retome con urgencia la Ley MAPE, ante un REINFO que —según advierte— se ha convertido en un esquema temporal convertido en permanente sin incentivar la formalización ni frenar la ilegalidad.
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