Advierte que extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026 deteriora la seguridad jurídica del sector, incentiva la ilegalidad y envía un mensaje negativo a los inversionistas.
Para Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la reciente ampliación del Reinfo aprobada por el Congreso —ahora vigente hasta el 31 de diciembre de 2026— confirma un patrón que se arrastra por más de dos décadas: un mecanismo pensado como puente hacia la formalización, pero que hoy funciona como un régimen que legitima la informalidad y ha perdido su razón de ser.
En entrevista exclusiva para Rumbo Minero, Gálvez considera que la decisión se tomó en un contexto político adverso, marcado por presiones sociales y periodo electoral, lo que impidió una postura firme del Estado. Según explicó, la ampliación era previsible aun cuando el sistema de formalización no ha mostrado avances sostenibles y continúa siendo utilizado como escudo por operadores que incumplen la ley.
Aunque reconoce que se han incorporado algunas limitaciones para evitar el retorno de los más de 50 mil registros depurados, advierte que aún persiste un problema mayor: la continuidad de un padrón que, en muchos casos, permite operar al margen de la legalidad sin consecuencias efectivas.
Riesgos institucionales y mensaje negativo para la inversión
El exdirigente minero remarca que la ampliación del Reinfo impacta directamente en la institucionalidad del sector. Para él, la decisión transmite al inversionista formal un mensaje preocupante: la debilidad del Estado para consolidar la formalización y, sobre todo, para proteger la estabilidad de concesiones y la actividad minera autorizada.
Gálvez sostiene que el país necesita reglas claras y permanentes que diferencien de manera efectiva la pequeña minería legítima de las operaciones ilegales. Sin embargo, la prórroga aprobada hasta 2026 vuelve a colocar al sector en un escenario incierto, donde la aplicación de la ley se flexibiliza y la fiscalización pierde fortaleza.
